Al genocidio al que fueron sometidos los pueblos originarios con la invasión territorial y la guerra de la conquista, hoy se le agrega el etnocidio del que son objeto para usurpar sus tierras y explotar indiscriminadamente sus recursos.
En 1665 la comunidad Quilmes de los pueblos diaguitas que habitaban Tucumán fueron trasladados caminando hacia Córdoba y Buenos Aires. Llegaron vivas doscientas familias y fueron enclavadas en la actual localidad de Quilmes. En ese entonces buscaban desalojarlos de las tierras fértiles aptas para el cultivo.
Hoy los intereses son otros: pasa por las regiones montañosas aptas para la explotación de los recursos mineros, y aunque el marco legal dejó de ser el derecho colonial y las leyes nacionales amparan sus derechos sobre la tierra, las formas de desalojo persiguen el genocidio.
El 12 de octubre pasado, en la localidad de Chusca, Tucumán, en un desalojo de tierra de la comunidad diaguita fue asesinado a balazos Javier Chocobar y heridos gravemente Andrés y Emilio Mamani, miembros de la comunidad indígena de Chuchagasta. Los agresores, Darío El Turco Amin –que dice ser propietario de las tierras en disputa– y los ex policías José Valdivieso y Luis Humberto Gómez, fueron detenidos en la escena del crimen. Gómez integró el servicio de Inteligencia de la provincia durante la última dictadura militar. Es especialista en balística y cuñado del jefe de comisarios de Tucumán. Los disparos realizados por Gómez impactaron en la región abdominal de sus víctimas.
Al oeste de los Valles Calchaquíes, entre los ríos Chuscha y Huasamayo, vive esta comunidad diaguita-calchaquí. La región se caracteriza por la concentración de piedras lajas. Desde 2000 la comunidad posee personería jurídica, al igual que las restantes 17 comunidades indígenas originarias en Tucumán. Y se encuentran reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai). El gobierno provincial ha otorgado una autorización de explotación a Amin, sin previa consulta a la comunidad como lo establece la ley. Debido a los reiterados intentos de ingreso a la región por parte de Amin y sus secuaces, 26 días antes del hecho la comunidad había colocado un portón con candado en el lugar, que vigilaba celosamente.
Ese día a las 18.30 Amin, Gómez y Valdivieso llegaron en una camioneta 4x4. Decían ser los dueños del lugar y comenzaron a tomar fotos. Se produjo una discusión en la que Gómez empujó a Andrés Mamani, y sacó su pistola y comenzó a disparar. Los comuneros lograron desarmarlo, pero Amin, también armado, comenzó a disparar. Hirió de muerte a Chocobar y de gravedad a Andrés y Emilio.
Los tres agresores se encuentran detenidos y se negaron a declarar. En la escena del crimen se secuestraron tres armas de fuego. Los comuneros heridos se encuentran internados. Andrés Mamani está en grave estado. A los restantes comuneros presentes en la escena se les tomó declaración en la comisaría de Chamorro, una localidad próxima.
Los reclamos de tierra por parte de particulares se vienen sucediendo a lo largo los últimos años. Pero se han intensificado desde marzo del 2008. Es que en ese momento la comunidad diaguita tomó posesión de Ciudad Sagrada Quilmes, anteriormente en manos del ente de turismo provincial. Luego de que la comunidad interceptara y mantuviera retenidos camiones de la minera Bajo la Alumbrera, en agosto de 2008, los incidentes de desalojo se han vuelto permanentes. También se han intensificado las detenciones de miembros de la comunidad, con causas de agresión fraguadas. Ejemplo de ello son los hechos de enero de 2008 en la comunidad del Pichao: el comunero Sergio Condolí fue detenido durante 16 días sin tener antecedentes legales. Lo acusaron de agredir con un arma blanca a un supuesto dueño de la tierra comunitaria. Pero no se le encontró ningún arma. Testigos señalaron que la agresión no existió. A pesar de ello, la comunidad continúa avanzando en la ocupación de tierras comunitarias, de las que son sistemáticamente desalojados con órdenes judiciales acompañadas por la Policía y la Gendarmería.
Los dueños de la tierra.
La antigua elite terrateniente de Tucumán ha ido heredando la tierra y copando los cargos del poder judicial, en muchos casos ex funcionarios de la dictadura. Utilizan mecanismos pseudojudiciales para librar órdenes de desalojo. La Constitución Nacional en su artículo 75 establece la devolución de las tierras comunitarias a las comunidades originarias en el territorio argentino. Actualmente son 36. Sin embargo, la ley de relevamiento territorial que posibilita su efectiva aplicación tiene aprobación parlamentaria, pero no presupuestaria. Así se obstaculiza la entrega efectiva de las tierras a las comunidades. La ley, además, establece la suspensión de todos los juicios de particulares que comprometan la entrega de tierras.
Sin embargo, lo que parece suspendido en Tucumán es la vigencia del derecho, donde se procede a desalojos en forma ilegal con órdenes judiciales que desconocen el derecho vigente provincial, nacional e internacional, cometiendo delitos de lesa humanidad. La Argentina adhirió a la declaración de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas, los convenios 107 y 169 de la OIT relativos a la protección e integración de los pueblos indígenas, y posee reglamentaciones a nivel nacional a través de diversas leyes sobre política indígena y apoyo a sus comunidades, que en la provincia de Tucumán parecen no tener vigencia. La ley provincial 5.778 de adhesión a la ley nacional 23.302 de política indígena y apoyo a las comunidades indígenas es la única concesión legal que el Estado provincial ha hecho al derecho indígena.
Estos pueblos comparten la misma problemática de los pueblos indígenas del país y de América: la falta de reconocimiento de la posesión de la tierra comunitaria y el manejo indiscriminado de los recursos naturales de sus tierras por parte de particulares y empresas multinacionales.
El ejercicio de la justicia en Tucumán es circunstancial y provisional. Todos los jueces que se encuentran actualmente en funciones tienen carácter de suplentes, ya sea por renuncia “voluntaria” o alejamiento de sus cargos en relación con sumarios, ninguno de ellos detenta la titularidad en el cargo. En tanto no se haga efectiva la ley 26.160 de relevamiento territorial indígena, las “campañas al desierto” continuarán, los delitos de lesa humanidad continuarán y el etnocidio seguirá su curso. Los líderes de la Unión de Pueblos Diaguitas han declarado encontrase en “la cuarta guerra calchaquí”.
Fuente: Miradas al Sur
En 1665 la comunidad Quilmes de los pueblos diaguitas que habitaban Tucumán fueron trasladados caminando hacia Córdoba y Buenos Aires. Llegaron vivas doscientas familias y fueron enclavadas en la actual localidad de Quilmes. En ese entonces buscaban desalojarlos de las tierras fértiles aptas para el cultivo.
Hoy los intereses son otros: pasa por las regiones montañosas aptas para la explotación de los recursos mineros, y aunque el marco legal dejó de ser el derecho colonial y las leyes nacionales amparan sus derechos sobre la tierra, las formas de desalojo persiguen el genocidio.
El 12 de octubre pasado, en la localidad de Chusca, Tucumán, en un desalojo de tierra de la comunidad diaguita fue asesinado a balazos Javier Chocobar y heridos gravemente Andrés y Emilio Mamani, miembros de la comunidad indígena de Chuchagasta. Los agresores, Darío El Turco Amin –que dice ser propietario de las tierras en disputa– y los ex policías José Valdivieso y Luis Humberto Gómez, fueron detenidos en la escena del crimen. Gómez integró el servicio de Inteligencia de la provincia durante la última dictadura militar. Es especialista en balística y cuñado del jefe de comisarios de Tucumán. Los disparos realizados por Gómez impactaron en la región abdominal de sus víctimas.
Al oeste de los Valles Calchaquíes, entre los ríos Chuscha y Huasamayo, vive esta comunidad diaguita-calchaquí. La región se caracteriza por la concentración de piedras lajas. Desde 2000 la comunidad posee personería jurídica, al igual que las restantes 17 comunidades indígenas originarias en Tucumán. Y se encuentran reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai). El gobierno provincial ha otorgado una autorización de explotación a Amin, sin previa consulta a la comunidad como lo establece la ley. Debido a los reiterados intentos de ingreso a la región por parte de Amin y sus secuaces, 26 días antes del hecho la comunidad había colocado un portón con candado en el lugar, que vigilaba celosamente.
Ese día a las 18.30 Amin, Gómez y Valdivieso llegaron en una camioneta 4x4. Decían ser los dueños del lugar y comenzaron a tomar fotos. Se produjo una discusión en la que Gómez empujó a Andrés Mamani, y sacó su pistola y comenzó a disparar. Los comuneros lograron desarmarlo, pero Amin, también armado, comenzó a disparar. Hirió de muerte a Chocobar y de gravedad a Andrés y Emilio.
Los tres agresores se encuentran detenidos y se negaron a declarar. En la escena del crimen se secuestraron tres armas de fuego. Los comuneros heridos se encuentran internados. Andrés Mamani está en grave estado. A los restantes comuneros presentes en la escena se les tomó declaración en la comisaría de Chamorro, una localidad próxima.
Los reclamos de tierra por parte de particulares se vienen sucediendo a lo largo los últimos años. Pero se han intensificado desde marzo del 2008. Es que en ese momento la comunidad diaguita tomó posesión de Ciudad Sagrada Quilmes, anteriormente en manos del ente de turismo provincial. Luego de que la comunidad interceptara y mantuviera retenidos camiones de la minera Bajo la Alumbrera, en agosto de 2008, los incidentes de desalojo se han vuelto permanentes. También se han intensificado las detenciones de miembros de la comunidad, con causas de agresión fraguadas. Ejemplo de ello son los hechos de enero de 2008 en la comunidad del Pichao: el comunero Sergio Condolí fue detenido durante 16 días sin tener antecedentes legales. Lo acusaron de agredir con un arma blanca a un supuesto dueño de la tierra comunitaria. Pero no se le encontró ningún arma. Testigos señalaron que la agresión no existió. A pesar de ello, la comunidad continúa avanzando en la ocupación de tierras comunitarias, de las que son sistemáticamente desalojados con órdenes judiciales acompañadas por la Policía y la Gendarmería.
Los dueños de la tierra.
La antigua elite terrateniente de Tucumán ha ido heredando la tierra y copando los cargos del poder judicial, en muchos casos ex funcionarios de la dictadura. Utilizan mecanismos pseudojudiciales para librar órdenes de desalojo. La Constitución Nacional en su artículo 75 establece la devolución de las tierras comunitarias a las comunidades originarias en el territorio argentino. Actualmente son 36. Sin embargo, la ley de relevamiento territorial que posibilita su efectiva aplicación tiene aprobación parlamentaria, pero no presupuestaria. Así se obstaculiza la entrega efectiva de las tierras a las comunidades. La ley, además, establece la suspensión de todos los juicios de particulares que comprometan la entrega de tierras.
Sin embargo, lo que parece suspendido en Tucumán es la vigencia del derecho, donde se procede a desalojos en forma ilegal con órdenes judiciales que desconocen el derecho vigente provincial, nacional e internacional, cometiendo delitos de lesa humanidad. La Argentina adhirió a la declaración de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas, los convenios 107 y 169 de la OIT relativos a la protección e integración de los pueblos indígenas, y posee reglamentaciones a nivel nacional a través de diversas leyes sobre política indígena y apoyo a sus comunidades, que en la provincia de Tucumán parecen no tener vigencia. La ley provincial 5.778 de adhesión a la ley nacional 23.302 de política indígena y apoyo a las comunidades indígenas es la única concesión legal que el Estado provincial ha hecho al derecho indígena.
Estos pueblos comparten la misma problemática de los pueblos indígenas del país y de América: la falta de reconocimiento de la posesión de la tierra comunitaria y el manejo indiscriminado de los recursos naturales de sus tierras por parte de particulares y empresas multinacionales.
El ejercicio de la justicia en Tucumán es circunstancial y provisional. Todos los jueces que se encuentran actualmente en funciones tienen carácter de suplentes, ya sea por renuncia “voluntaria” o alejamiento de sus cargos en relación con sumarios, ninguno de ellos detenta la titularidad en el cargo. En tanto no se haga efectiva la ley 26.160 de relevamiento territorial indígena, las “campañas al desierto” continuarán, los delitos de lesa humanidad continuarán y el etnocidio seguirá su curso. Los líderes de la Unión de Pueblos Diaguitas han declarado encontrase en “la cuarta guerra calchaquí”.
Fuente: Miradas al Sur
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