El gobernador Scioli y el Ministro de Seguridad bonaerense hasta hora defendían públicamente a la Policía.
Renata Toscano, Sandra Almirón y Ana María Castro fueron asesinadas en el conurbano cuando les quisieron robar sus autos y el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, denunció que los tres crímenes “podrían haber sido instigados por personal policial en actividad, en retiro o exonerados” con el “objetivo de desestabilizar” al gobierno de Daniel Scioli.
Así lo dijo en una denuncia que recayó ante el fiscal Marcelo Romero. De esa forma puso por escrito algo que se repetía en el ámbito político: que la ola de homicidios estaba impulsada por sectores de la fuerza de seguridad a los que les había cortado un negocio. Algo así como el retorno de la Maldita Policía. El ministro se encuentra en la cuerda floja, tras el papelón policial en la búsqueda de la familia Pomar.
Stornelli dijo en la denuncia, a la que accedió Crítica de la Argentina, que el “modus operandi” consistiría en “el reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia a contraprestación dineraria” para que cometan esos hechos violentos. Cuando el juez de La Plata Luis Arias denunció el 8 de mayo que la Bonaerense reclutaba menores para delinquir, Stornelli respondió al funcionario judicial y le pidió explicaciones. Ahora cambió de parecer. Según el ministro, todo comenzó el 16 de noviembre con la decena de medidas que tomó en la Dirección para la Prevención del Delito Automotor, la repartición que investiga el robo de coches y administra las plantas verificadoras donde se realizan los trámites cuando se vende un rodado para determinar que no sea robado.
Hasta ahora, Stornelli decía que durante su gestión se llevó a cabo “un gran cambio en la organización de la Policía” y que se recuperó “la actitud” de esa fuerza, pero tuvo que volver sobre sus dichos y reconocer que terminar con los negocios “espurios” de la Bonaerense tiene costos. Lo llamativo es que algunos de esos ex jefes desplazados serían sus asesores.
La investigación recayó en el fiscal Romero, quien ayer estaba de turno. Citará al ministro para que amplíe sus dichos, presente la documentación –que en el mismo escrito dice tenerla para ponerla a disposición de la Justicia– y a la plana mayor de la Policía Bonaerense. “La denuncia es gravísima. De comprobarse estos hechos serían de una gravedad institucional inusitada”, dijo Romero, quien ya está trabajando con la SIDE y con Gendarmería Nacional.
Stornelli denunció que la seguidilla de crímenes se produjo luego del 16 de noviembre, cuando decidió tomar medidas en la Dirección para la Prevención del Delito Automotor, que “habría cercenado ciertos negocios espurios que podrían haberse estado llevando a cabo”. El ministro evaluó que esta situación “habría sido mal recibida” tanto por policías y civiles que fueron relevados de sus cargos. A su entender, como a partir de los cambios las maniobras no se podían seguir realizando, se hizo “un reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia que habrían o estarían llevando a cabo presuntamente policías de la provincia de Buenos Aires, retirados o exonerados”.
Según la presentación, los policías aseguraban “una mentida protección (a los ladrones) y otros beneficios, entre ellos dinerarios” y “les encomendarían tareas delictivas, bajo patrones criminales comunes”.
“Casi como pergeñado, todas las víctimas fueron mujeres, con una exposición social importante –maestras o profesionales con múltiples contactos sociales– que automáticamente motorizaban multitudinarias marchas con claras infiltraciones”, consideró Stornelli. En su escrito, el ministro señaló la “nefasta cronología de los hechos” a partir de la “decisión política de auditar e intervenir” el área dedicada al robo automotor.
Para Stornelli hay “una organización tendiente a desestabilizar la actual gestión, mediante la perpetración de hechos de similar tenor que realzan la protesta social”. Agregó que “queda claro que en los episodios en cuestión, los autores salieron a matar antes que a robar y ésa no es la característica que guía a los ladrones habituales de automotores. Al aparecer vacía de contenido la intencionalidad homicida, resulta imperioso excavar en búsqueda de la necesaria existencia de instigadores con fines más perversos que el aparente”, concluyó Stornelli.
Renata Toscano, Sandra Almirón y Ana María Castro fueron asesinadas en el conurbano cuando les quisieron robar sus autos y el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, denunció que los tres crímenes “podrían haber sido instigados por personal policial en actividad, en retiro o exonerados” con el “objetivo de desestabilizar” al gobierno de Daniel Scioli.
Así lo dijo en una denuncia que recayó ante el fiscal Marcelo Romero. De esa forma puso por escrito algo que se repetía en el ámbito político: que la ola de homicidios estaba impulsada por sectores de la fuerza de seguridad a los que les había cortado un negocio. Algo así como el retorno de la Maldita Policía. El ministro se encuentra en la cuerda floja, tras el papelón policial en la búsqueda de la familia Pomar.
Stornelli dijo en la denuncia, a la que accedió Crítica de la Argentina, que el “modus operandi” consistiría en “el reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia a contraprestación dineraria” para que cometan esos hechos violentos. Cuando el juez de La Plata Luis Arias denunció el 8 de mayo que la Bonaerense reclutaba menores para delinquir, Stornelli respondió al funcionario judicial y le pidió explicaciones. Ahora cambió de parecer. Según el ministro, todo comenzó el 16 de noviembre con la decena de medidas que tomó en la Dirección para la Prevención del Delito Automotor, la repartición que investiga el robo de coches y administra las plantas verificadoras donde se realizan los trámites cuando se vende un rodado para determinar que no sea robado.
Hasta ahora, Stornelli decía que durante su gestión se llevó a cabo “un gran cambio en la organización de la Policía” y que se recuperó “la actitud” de esa fuerza, pero tuvo que volver sobre sus dichos y reconocer que terminar con los negocios “espurios” de la Bonaerense tiene costos. Lo llamativo es que algunos de esos ex jefes desplazados serían sus asesores.
La investigación recayó en el fiscal Romero, quien ayer estaba de turno. Citará al ministro para que amplíe sus dichos, presente la documentación –que en el mismo escrito dice tenerla para ponerla a disposición de la Justicia– y a la plana mayor de la Policía Bonaerense. “La denuncia es gravísima. De comprobarse estos hechos serían de una gravedad institucional inusitada”, dijo Romero, quien ya está trabajando con la SIDE y con Gendarmería Nacional.
Stornelli denunció que la seguidilla de crímenes se produjo luego del 16 de noviembre, cuando decidió tomar medidas en la Dirección para la Prevención del Delito Automotor, que “habría cercenado ciertos negocios espurios que podrían haberse estado llevando a cabo”. El ministro evaluó que esta situación “habría sido mal recibida” tanto por policías y civiles que fueron relevados de sus cargos. A su entender, como a partir de los cambios las maniobras no se podían seguir realizando, se hizo “un reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia que habrían o estarían llevando a cabo presuntamente policías de la provincia de Buenos Aires, retirados o exonerados”.
Según la presentación, los policías aseguraban “una mentida protección (a los ladrones) y otros beneficios, entre ellos dinerarios” y “les encomendarían tareas delictivas, bajo patrones criminales comunes”.
“Casi como pergeñado, todas las víctimas fueron mujeres, con una exposición social importante –maestras o profesionales con múltiples contactos sociales– que automáticamente motorizaban multitudinarias marchas con claras infiltraciones”, consideró Stornelli. En su escrito, el ministro señaló la “nefasta cronología de los hechos” a partir de la “decisión política de auditar e intervenir” el área dedicada al robo automotor.
Para Stornelli hay “una organización tendiente a desestabilizar la actual gestión, mediante la perpetración de hechos de similar tenor que realzan la protesta social”. Agregó que “queda claro que en los episodios en cuestión, los autores salieron a matar antes que a robar y ésa no es la característica que guía a los ladrones habituales de automotores. Al aparecer vacía de contenido la intencionalidad homicida, resulta imperioso excavar en búsqueda de la necesaria existencia de instigadores con fines más perversos que el aparente”, concluyó Stornelli.
No hay comentarios:
Publicar un comentario